Boletín de fecha 14 de novienbre de 2005
Renuncia del general Galtieri a sus cargos
El viernes 17 de junio de 1982, el general Galtieri pasó a la situación de retiro voluntario como consecuencia de haber perdido el apoyo de sus pares por la conducción de la guerra de Malvinas y al día siguiente fue reemplazado en la Junta Militar por el general Cristino Nicolaides.
Cinco días después, el Ejército designó presidente de la Nación al general de división Reynaldo B. Bignone, ya que por disidencias internas entre los integrantes de la Junta Militar, la Armada y la Fuerza Aérea habían decidido retirarse del gobierno del Proceso de Reorganización Nacional.
Según el diario La Prensa del 23 de junio,“una fuente responsable del Comando en Jefe del Ejército” “daba las razones por las que se decidió en esta última etapa designar un presidente militar y no uno civil (motivo del disenso con las otras fuerzas armadas). El día 24, el futuro presidente designado, que asumiría el 1 de julio, se entrevistaba con dirigentes políticos de varios partidos.
El 3 de agosto fue difundido y puesto en vigencia el “Nuevo Estatuto de los Partidos Políticos” que fijaba un plazo de 13 meses para la reorganización partidaria y entre otras resoluciones, exigía un mínimo de 35.000 afiliaciones a nivel nacional para el reconocimiento de las agrupaciones.
Exigencias sindicales
Finalizado el conflicto bélico el gremialismo reinició sus reclamos salariales fundamentados en el incremento del costo de vida reflejado en un importante índice inflacionario de tres dígitos.
La CGT de la República Argentina, liderada por Saúl Ubaldini, minoritaria pero más combativa y la CGT Azopardo a cuyo frente estaba Jorge Triaca y los gremios mayoritarios, luego de algunas tratativas frustradas decidieron un paro para el 22 y 23 de septiembre, que el gobierno quiso detener con el otorgamiento de un aumento, que si bien fue aceptado por Triaca, no conformó a los combativos de la CGT. RA, que lo consideraron insuficiente.
A raíz de ésto, el sector de Ubaldini realizó una concentración en Plaza de Mayo donde el dirigente habló ante 30.000 personas, entregando luego un petitorio en la Casa Rosada acompañado de Lorenzo Miguel y el activista de derechos humanos Pérez Esquivel.
Dos meses más tarde, fue la CGT Azopardo la que convocó a un paro general para el 6 de diciembre al que adhirió la otra CGT.
Las organizaciones de derechos humanos aprovechan la coyuntura política
Como las nuevas condiciones políticas favorecían su actividad, las entidades que se decían “defensoras de derechos humanos”, (a pesar que esta defensa era parcial y unidireccional) intensificaron su accionar.
El 5 de octubre de 1982 se realizó una denominada “marcha por la vida” cuyo objetivo fue demandar una respuesta al reclamo por los desaparecidos.
A principios de noviembre, varios gobiernos de países europeos (influenciados por la campaña que desde mediados de los 70 venían realizando los ex terroristas, especialmente abogados, y sus familiares), reclamaron, por la vida de sus connacionales, la mayoría de las cuales lo era por el derecho de “jus sanguinis” –no reconocido por las leyes argentinas- por lo que en realidad eran, en su casi totalidad, argentinos. La cancillería italiana pidió por 321 desaparecidos. Otro tanto hicieron los gobiernos de Alemania, Suecia, Francia y España.
Entre el 9 y 10 de diciembre, las “madres de Plaza de Mayo” organizaron la “2da. marcha de la resistencia” la que iba a consistir en caminar un día completo en la plaza, actividad que fue prohibida. Ante esta situación los participantes realizaron la marcha en la Avenida de Mayo entre las cuadras Bolívar y Chacabuco la que se fue transformando en una manifestación engrosada por simpatizantes izquierdistas, familiares de detenidos y desaparecidos y por algunos políticos oportunistas. Finalmente todos se concentraron en la Plaza de los dos Congresos para continuar con su protesta.
Pautas para la concertación política. Reacciones
Fueron anunciadas el 12 de noviembre de 1982. La lista de los temas incluidos era extensa y se refería a los temas centrales de la situación del país, entre ellos, la vigencia del estado de sitio, el cronograma y la ley electoral, la lucha antisubversiva, los desaparecidos, el plan económico, la deuda externa, etc.
La multipartidaria, que estaba formada por representantes de los partidos políticos y que oficiaba de interlocutor ante el gobierno y la ciudadanía, rechazó la concertación por lo que la Iglesia se ofreció como mediadora en lo que llamó “reconciliación” en lugar de “concertación”.
El presidente Bignone, ante la falta de soluciones y entendimiento entre las partes, decidió el adelantamiento de las elecciones para el último trimestre de 1983, reafirmando las condiciones para la concertación.
La multipartidaria –en respuesta- convocó el 16 de diciembre a una “marcha por la democracia”, a la cual adhirieron, además de las principales agrupaciones políticas, las fuerzas de izquierda marxista y socialistas democráticas-, así como las CGT, organizaciones de derechos humanos y grupos de militantes de las ya desarticuladas organizaciones subversivas terroristas.
La concentración que logró reunir más de 50.000 personas gritando cánticos contrarios al gobierno militar, culminó con el saldo de 1 muerto, 80 heridos y 120 detenidos, debido a los enfrentamientos con la policía y entre grupos civiles no identificados.
El año 1982 culminó con desconfianza e inseguridad por parte de la población a pesar que ya se habían confirmado las elecciones para octubre de 1983.
En gran parte, esa sensación era alimentada por los dirigentes políticos –que veían con más certeza el acceso al poder y querían llegar a las elecciones en las mejores condiciones- y también por la acción de los activistas de izquierda cuyo centro de gravedad era peticionar por la situación de los detenidos y por los desaparecidos, presionando con sus contactos internacionales.
El perdón es el único camino para el tema de los desaparecidos
Así lo expresó el 27 de abril de 1982, el titular del equipo de la Pastoral Social monseñor Justo Laguna, quien consideró que la reconciliación no sólo era posible sino indispensable para lograr la pacificación de los argentinos.
“O nos reconciliamos todos en verdad y justicia o todo será muy duro” dijo monseñor Laguna, quien por otra parte sostuvo que “no deseaba polemizar con la solicitada de las madres de Plaza de Mayo y sus críticas a los obispos.” Señaló que “el tema de los desaparecidos es sin duda el más difícil que los argentinos tenemos que enfrentar” agregando que “los obispos comprendemos y somos solidarios con el dolor de quienes reclaman por sus familiares..”.
En declaraciones a Radio Mitre, monseñor Laguna se refirió al “lenguaje crítico del último documento de los obispos” y señaló que la “autocrítica empieza por nosotros mismos, que somos los que escribimos”.
“..... Sobre cual es el camino a seguir para lograr la pacificación de los argentinos, dijo que el perdón es un camino indispensable”.
Reiteró conceptos del anterior documento de los obispos al decir que “el perdón exige un reconocimiento y propósito de enmienda de aquel que ha pecado lo cual el país todavía no conoce”.
Dijo que “no debe utilizarse la palabra excesos porque eso es otra cosa. Creo que en realidad aquí tiene que haber un reconocimiento de caminos equivocados, éticamente equivocados y mientras no se dé eso, es muy difícil hablar de este tema pidiendo el perdón......”
“Nuestra tarea es iluminar una realidad muy difícil con la luz del evangelio. Después vendrá el juego de la libertad, de la responsabilidad, pero nosotros no somos jueces ni queremos serlo. Sólo queremos ser pastores y ese es nuestro único ideal”.
Subrayó que “la responsabilidad es de todos y creo que decir: el que está libre de pecado que tire la primera piedra, es una frase que sigue teniendo enorme vigencia”. (La Prensa, 28 de abril de 1983).
Renuncia del general Galtieri a sus cargos
El viernes 17 de junio de 1982, el general Galtieri pasó a la situación de retiro voluntario como consecuencia de haber perdido el apoyo de sus pares por la conducción de la guerra de Malvinas y al día siguiente fue reemplazado en la Junta Militar por el general Cristino Nicolaides.
Cinco días después, el Ejército designó presidente de la Nación al general de división Reynaldo B. Bignone, ya que por disidencias internas entre los integrantes de la Junta Militar, la Armada y la Fuerza Aérea habían decidido retirarse del gobierno del Proceso de Reorganización Nacional.
Según el diario La Prensa del 23 de junio,“una fuente responsable del Comando en Jefe del Ejército” “daba las razones por las que se decidió en esta última etapa designar un presidente militar y no uno civil (motivo del disenso con las otras fuerzas armadas). El día 24, el futuro presidente designado, que asumiría el 1 de julio, se entrevistaba con dirigentes políticos de varios partidos.
El 3 de agosto fue difundido y puesto en vigencia el “Nuevo Estatuto de los Partidos Políticos” que fijaba un plazo de 13 meses para la reorganización partidaria y entre otras resoluciones, exigía un mínimo de 35.000 afiliaciones a nivel nacional para el reconocimiento de las agrupaciones.
Exigencias sindicales
Finalizado el conflicto bélico el gremialismo reinició sus reclamos salariales fundamentados en el incremento del costo de vida reflejado en un importante índice inflacionario de tres dígitos.
La CGT de la República Argentina, liderada por Saúl Ubaldini, minoritaria pero más combativa y la CGT Azopardo a cuyo frente estaba Jorge Triaca y los gremios mayoritarios, luego de algunas tratativas frustradas decidieron un paro para el 22 y 23 de septiembre, que el gobierno quiso detener con el otorgamiento de un aumento, que si bien fue aceptado por Triaca, no conformó a los combativos de la CGT. RA, que lo consideraron insuficiente.
A raíz de ésto, el sector de Ubaldini realizó una concentración en Plaza de Mayo donde el dirigente habló ante 30.000 personas, entregando luego un petitorio en la Casa Rosada acompañado de Lorenzo Miguel y el activista de derechos humanos Pérez Esquivel.
Dos meses más tarde, fue la CGT Azopardo la que convocó a un paro general para el 6 de diciembre al que adhirió la otra CGT.
Las organizaciones de derechos humanos aprovechan la coyuntura política
Como las nuevas condiciones políticas favorecían su actividad, las entidades que se decían “defensoras de derechos humanos”, (a pesar que esta defensa era parcial y unidireccional) intensificaron su accionar.
El 5 de octubre de 1982 se realizó una denominada “marcha por la vida” cuyo objetivo fue demandar una respuesta al reclamo por los desaparecidos.
A principios de noviembre, varios gobiernos de países europeos (influenciados por la campaña que desde mediados de los 70 venían realizando los ex terroristas, especialmente abogados, y sus familiares), reclamaron, por la vida de sus connacionales, la mayoría de las cuales lo era por el derecho de “jus sanguinis” –no reconocido por las leyes argentinas- por lo que en realidad eran, en su casi totalidad, argentinos. La cancillería italiana pidió por 321 desaparecidos. Otro tanto hicieron los gobiernos de Alemania, Suecia, Francia y España.
Entre el 9 y 10 de diciembre, las “madres de Plaza de Mayo” organizaron la “2da. marcha de la resistencia” la que iba a consistir en caminar un día completo en la plaza, actividad que fue prohibida. Ante esta situación los participantes realizaron la marcha en la Avenida de Mayo entre las cuadras Bolívar y Chacabuco la que se fue transformando en una manifestación engrosada por simpatizantes izquierdistas, familiares de detenidos y desaparecidos y por algunos políticos oportunistas. Finalmente todos se concentraron en la Plaza de los dos Congresos para continuar con su protesta.
Pautas para la concertación política. Reacciones
Fueron anunciadas el 12 de noviembre de 1982. La lista de los temas incluidos era extensa y se refería a los temas centrales de la situación del país, entre ellos, la vigencia del estado de sitio, el cronograma y la ley electoral, la lucha antisubversiva, los desaparecidos, el plan económico, la deuda externa, etc.
La multipartidaria, que estaba formada por representantes de los partidos políticos y que oficiaba de interlocutor ante el gobierno y la ciudadanía, rechazó la concertación por lo que la Iglesia se ofreció como mediadora en lo que llamó “reconciliación” en lugar de “concertación”.
El presidente Bignone, ante la falta de soluciones y entendimiento entre las partes, decidió el adelantamiento de las elecciones para el último trimestre de 1983, reafirmando las condiciones para la concertación.
La multipartidaria –en respuesta- convocó el 16 de diciembre a una “marcha por la democracia”, a la cual adhirieron, además de las principales agrupaciones políticas, las fuerzas de izquierda marxista y socialistas democráticas-, así como las CGT, organizaciones de derechos humanos y grupos de militantes de las ya desarticuladas organizaciones subversivas terroristas.
La concentración que logró reunir más de 50.000 personas gritando cánticos contrarios al gobierno militar, culminó con el saldo de 1 muerto, 80 heridos y 120 detenidos, debido a los enfrentamientos con la policía y entre grupos civiles no identificados.
El año 1982 culminó con desconfianza e inseguridad por parte de la población a pesar que ya se habían confirmado las elecciones para octubre de 1983.
En gran parte, esa sensación era alimentada por los dirigentes políticos –que veían con más certeza el acceso al poder y querían llegar a las elecciones en las mejores condiciones- y también por la acción de los activistas de izquierda cuyo centro de gravedad era peticionar por la situación de los detenidos y por los desaparecidos, presionando con sus contactos internacionales.
El perdón es el único camino para el tema de los desaparecidos
Así lo expresó el 27 de abril de 1982, el titular del equipo de la Pastoral Social monseñor Justo Laguna, quien consideró que la reconciliación no sólo era posible sino indispensable para lograr la pacificación de los argentinos.
“O nos reconciliamos todos en verdad y justicia o todo será muy duro” dijo monseñor Laguna, quien por otra parte sostuvo que “no deseaba polemizar con la solicitada de las madres de Plaza de Mayo y sus críticas a los obispos.” Señaló que “el tema de los desaparecidos es sin duda el más difícil que los argentinos tenemos que enfrentar” agregando que “los obispos comprendemos y somos solidarios con el dolor de quienes reclaman por sus familiares..”.
En declaraciones a Radio Mitre, monseñor Laguna se refirió al “lenguaje crítico del último documento de los obispos” y señaló que la “autocrítica empieza por nosotros mismos, que somos los que escribimos”.
“..... Sobre cual es el camino a seguir para lograr la pacificación de los argentinos, dijo que el perdón es un camino indispensable”.
Reiteró conceptos del anterior documento de los obispos al decir que “el perdón exige un reconocimiento y propósito de enmienda de aquel que ha pecado lo cual el país todavía no conoce”.
Dijo que “no debe utilizarse la palabra excesos porque eso es otra cosa. Creo que en realidad aquí tiene que haber un reconocimiento de caminos equivocados, éticamente equivocados y mientras no se dé eso, es muy difícil hablar de este tema pidiendo el perdón......”
“Nuestra tarea es iluminar una realidad muy difícil con la luz del evangelio. Después vendrá el juego de la libertad, de la responsabilidad, pero nosotros no somos jueces ni queremos serlo. Sólo queremos ser pastores y ese es nuestro único ideal”.
Subrayó que “la responsabilidad es de todos y creo que decir: el que está libre de pecado que tire la primera piedra, es una frase que sigue teniendo enorme vigencia”. (La Prensa, 28 de abril de 1983).
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