Boletín de fecha 04 de octubre de 2007
Temas desarrollados
La CONADEP entrega el informe .
El prólogo del informe.
Composición del informe, transformado en libro.
Recomendaciones del informe de la CONADEP
Transcripciones parciales de las conclusiones del Informe
Omisiones premeditadas
El 20 de septiembre de 1984 se entregó el informe de la CONADEP.
Para darle un marco de apoyo popular, las organizaciones de derechos humanos (defensoras sólo de los terroristas muertos y desaparecidos), sus familiares , algunos partidos políticos, agrupaciones de izquierda y estudiantiles, se movilizaron para acompañar la entrega del documento (microfilmado) por parte de la Comisión encargada de redactarlo, a cuyo frente estaba Ernesto Sábato. El Dr Alfonsín, al recibir el documento, pronunció un discurso de agradecimiento por la labor realizada. Posteriormente parte de los presentes organizaron una marcha que partió desde la casa de gobierno hasta el Congreso de la Nación .
Las conducciones oficiales del justicialismo metropolitano y de la CGT no participaron y mediante un comunicado dijeron que se estaba desvirtuando el sentido con que inicialmente se había concebido esa movilización y que no convalidaban la política del gobierno en materia de derechos humanos que, evidentemente, no compartían.
La editorial del 23 de agosto del diario La Nación referida al informe decía en uno de sus párrafos :
(…) Pero por todas estas razones es que no debe dejar de señalarse que la oportunidad de la entrega del informe no era la adecuada para manifestaciones callejeras tumultuosas, ni para disputas partidarias (…). No era, en efecto, el momento de festejos ni vítores o de exigir una justicia revolucionaria que, como en otras ocasiones hemos dicho, no es justicia ni es revolución. El momento no era el adecuado para recorrer las calles de la ciudad ni para exhibir poses triunfalistas o justicieras. Y si el pueblo, espontáneamente , hubiera deseado reunirse frente a la casa de gobierno para dar mayor solemnidad al acto de entrega del informe, el silencio, el recogimiento interior y un retorno callado a los hogares de cada ciudadano hubiera sido el único marco conveniente para un instante como el que en ese día se vivió en Argentina.
El prólogo del informe de la CONADEP. ( Libro editado por EUDEBA con el título “NUNCA MAS”, 1ra edición en noviembre de 1984)
Iniciaba expresando : Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Luego se refería a lo sucedido el Italia con las Brigadas Rojas y la forma legal en que fueron reprimidas.
El documento no salvaba las diferencias existentes entre ese pequeño grupo terrorista italiano, en comparación a los ejércitos revolucionarios terroristas argentinos con alrededor de 10.000 combatientes y otros 15 o 20.000 militantes, que desataron una guerra a lo largo y ancho del país para adueñarse del poder.
Tampoco se hacía referencia a la “Cámara Federal en lo Penal” del gobierno de facto de Lanusse que tenía alrededor de 2.000 procesados y 600 condenados por actividades terroristas que fueron liberados por el gobierno peronista-montonero de Cámpora, ni al periodo democrático 73/74 con Perón – y luego su esposa – en que los jueces fueron reemplazados por el accionar de las “3 A”. Tampoco se recordó que ante la gravedad de la agresión, y la superación de la capacidad de las fuerzas se seguridad y policiales, el gobierno constitucional optó por hacer entrar en operaciones militares a las FFAA .
En otros párrafo, hacía alusión a la enorme información recogida por la que se infería que los derechos humanos fueron violados en forma orgánica y estatal por la represión de las FFAA, explicando que no fueron actos esporádicos o excesos individuales. Para ello, transcribía las palabras del general Santiago Omar Riveros, el 24 de enero de 1980 cuando se despedía con su delegación de la “Junta Interamericana de Defensa” que había expresado: “Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los Comandos Superiores”.
El prólogo, hacía luego, una descripción general de “los operativos” para secuestrar a “seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes” y después de preguntar ¿por qué los secuestraban? y ¿dónde estaban? Afirmaba que toda la sociedad tenía temor, porque “cualquiera por inocente que fuera, pudiera caer en esa caza de brujas (…) todo era posible desde gente que propiciaba una revolución social hasta adolescentes sensibles (…) Todos caían en la redada: dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora de salarios, muchachos que habían sido miembros de un centro estudiantil, periodistas que no eran adictos a la dictadura, psicólogos y sociólogos por pertenecer a profesiones sospechosas, jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que habían llevado las enseñanzas de cristo a las villas. Y amigos de ellos y amigos de esos amigos, gente que había sido denunciada por venganza personal de secuestrados bajo tortura. Todos en su mayoría inocentes de terrorismo o siquiera de pertenecer a los cuadros combatientes de la guerrilla, porque éstos presentaban batalla y morían en el enfrentamiento o se suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vivos a manos de los represores”.
Realmente, Sábato era un sobresaliente escritor de novelas de ficción, ya que lo sostenido en estos últimos párrafos – todos en negrilla – no los habría podido escribir si hubiera tomado con seriedad la importante función que estaba desempeñando para la República.
Su evidente mendacidad y toma ideológica de posición en una guerra entre argentinos, sólo puede ser fruto de una parcialidad manifiesta, de un espíritu revanchista, o de una persona pusilánime presionada por los familiares de terroristas, por éstos y por los abogados de las organizaciones de derechos humanos, cuya estrategia ( Judicializar una guerra con un falaz argumento) sabían que les iba a deparar cientos de millones de dólares de beneficio.
Por otra parte, debe señalarse la contradicción que encarna este personaje si cotejamos estos escritos con sus declaraciones públicas realizadas tanto en el país como en el extranjero a partir del gobierno de facto y durante todo ese proceso.
Composición del informe, transformado en libro.
El mencionado libro “Nunca más”, de 482 páginas, se estructura con un prólogo y seis capítulos Cap I . La acción represiva - Cap II. Víctimas. – Cap III. El Poder Judicial durante el período en que se consumó la desaparición forzada de personas – Cap IV. Creación y organización de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas – Cap V. El respaldo doctrinario (en realidad político) de la represión – Cap VI. Recomendaciones) y Conclusiones.
Acompañaban al documento tres anexos ( Anx 1. Desaparecidos – Anx 2. Personas vistas en lugares de detención por apodo o nombre, sin otros datos – Anx 3. Listados de centros clandestinos de detención) .
Si bien hace casi 30 años que se viene difundiendo , sin fundamento alguno, el “dogma” que durante la guerra contra la subversión en la Argentina hubo "30.000 desaparecidos", la mayoría de ellos inocentes, los datos de este informe sumados a otras modificaciones posteriores del gobierno y de las ONG de derechos humanos de “la izquierda radicalizada”, como así también los propios dichos de los principales dirigentes terroristas de ese entonces, tiran por la borda la veracidad del publicitado slogan, que constituye sólo una estrategia comunicacional para lograr efectos en el público nacional e internacional.
En principio , en las “Conclusiones”, expresa que se formaron 7.380 legajos “sobre la base de denuncias de familiares, testimonios de liberados y declaraciones de las fuerzas de seguridad, así como inspecciones realizadas e información recibida de organismos públicos y privados”. En la primer página de esas mismas conclusiones luego dice – sin aclarar de donde sale la diferencia – que estiman que los desaparecidos son 8.960. ( o sea 1.580 desaparecidos más que no tienen respaldo de ningún tipo)
Si analizamos el Anexo 1 para comprobar las identificaciones de las víctimas presuntas, nos encontramos que exclusivamente 4.905 de los 7.830 legajos de presuntos desaparecidos, tienen documento de identidad o sea que su identificación podría ser real. (Para confirmarlo habría que disponer de más elementos de juicio (investigar uno por uno, incluyendo familiares, domicilio,etc) para asegurarnos que no son sosías sacados del Padrón Electoral o documentos falsos).
¿Qué pasó con los 2.475 desaparecidos sin documentos? ¿eran huérfanos, sin parientes ni amigos que pudieran obtener su identificación? ¿o no existieron? ¿o tenían distintos nombres y apellidos?.. ¿puede aceptarse como real una denuncia de la desaparición de : “Pato”, “Patricia”, “Araujo”, “Balbuena”, “Tota Carniglia”, “Betaldi”, ”Sra de Calloway”, “Ana Castro”, “Gómez”, “Sra Guevara”, “Kasgudemiam”, “Lencina”, “Ponza”, “Sra de Salcedo”, “Sra Straka”, “Sra Strizzi”, “Abdón”, “Acuña”, etc, etc,? Es poco serio. Aún con nombres y apellido completos , (en el padrón electoral existen hasta 15 personas con iguales nombres y apellidos, sólo que con documentos diferentes) la justicia no puede aceptarlo y el sentido común tampoco.
¿Es racional que los familiares y amigos que hicieron las denuncias no supieran los nombres y apellidos completos de cada uno, ni obtuvieran los números de documentos, ni su domicilio o lugar de trabajo? ¿ de qué se trataron esas anormalidades?
¿Cuántos de los denunciados tenían apellidos y nombres falsos y están denunciados con ambas identificaciones (la real y la falsa) ? ¿ Cuántas identificaciones son personas jurídicamente inexistentes ?. Todas éstas y otras más, dejan serias dudas.
Para terminar de evaluar la veracidad de las denuncias transcriptas en el informe, damos una síntesis de “desaparecidos aparecidos” que estaban en el Anexo 1 como desaparecidos, y que constan con mayores detalles en el libro “La Mentira Oficial” de Nicolás Márquez , edición 2006.
-Ana María Testa. Hoy acusadora del capitán Cavallo, detenido en España.
-130 argentinos residentes en Méjico que, por un terremoto, tuvieron que ir al Consulado.
-Eduardo Kurt Fuentes, residente en Estocolmo.
-Rafael Daniel Najmanovich, residente en Israel.
-Dr Alfredo Humberto Meade. Actual Juez Federal.( nunca , ni siquiera detenido)
-Dr Esteban Righi. Hoy Procurador General de la Nación.
-Dra Carmen Argibay. Actual miembro de la Corte Suprema de Justicia.
-Miguel Lauletta, -Silvia Tolchinsky, -Guido Puletti, -Alicia R. D’ambra, -Adriana Chamorro,
-Carlos G Lordkipanidse, -Jorge Osvaldo Paladino, -Rubén Sampini, -Carmelo Vinci y…etc.
Recomendaciones del informe de la CONADEP.( Transcripción)
“Los hechos, por demás elocuentes, que han sido denunciados o testimoniados ante esta Comisión, nos llevan a recomendar algunas iniciativas ante los distintos poderes del Estado Nacional, con la finalidad de prevenir, reparar y finalmente evitar la repetición de conculcaciones a los derechos humanos en nuestro país. Por otra parte, estas recomendaciones tienden a que no se pierda de vista la necesidad de una profunda investigación judicial de los hechos que nos fueron denunciados. Por lo tanto recomendamos:
Temas desarrollados
La CONADEP entrega el informe .
El prólogo del informe.
Composición del informe, transformado en libro.
Recomendaciones del informe de la CONADEP
Transcripciones parciales de las conclusiones del Informe
Omisiones premeditadas
El 20 de septiembre de 1984 se entregó el informe de la CONADEP.
Para darle un marco de apoyo popular, las organizaciones de derechos humanos (defensoras sólo de los terroristas muertos y desaparecidos), sus familiares , algunos partidos políticos, agrupaciones de izquierda y estudiantiles, se movilizaron para acompañar la entrega del documento (microfilmado) por parte de la Comisión encargada de redactarlo, a cuyo frente estaba Ernesto Sábato. El Dr Alfonsín, al recibir el documento, pronunció un discurso de agradecimiento por la labor realizada. Posteriormente parte de los presentes organizaron una marcha que partió desde la casa de gobierno hasta el Congreso de la Nación .
Las conducciones oficiales del justicialismo metropolitano y de la CGT no participaron y mediante un comunicado dijeron que se estaba desvirtuando el sentido con que inicialmente se había concebido esa movilización y que no convalidaban la política del gobierno en materia de derechos humanos que, evidentemente, no compartían.
La editorial del 23 de agosto del diario La Nación referida al informe decía en uno de sus párrafos :
(…) Pero por todas estas razones es que no debe dejar de señalarse que la oportunidad de la entrega del informe no era la adecuada para manifestaciones callejeras tumultuosas, ni para disputas partidarias (…). No era, en efecto, el momento de festejos ni vítores o de exigir una justicia revolucionaria que, como en otras ocasiones hemos dicho, no es justicia ni es revolución. El momento no era el adecuado para recorrer las calles de la ciudad ni para exhibir poses triunfalistas o justicieras. Y si el pueblo, espontáneamente , hubiera deseado reunirse frente a la casa de gobierno para dar mayor solemnidad al acto de entrega del informe, el silencio, el recogimiento interior y un retorno callado a los hogares de cada ciudadano hubiera sido el único marco conveniente para un instante como el que en ese día se vivió en Argentina.
El prólogo del informe de la CONADEP. ( Libro editado por EUDEBA con el título “NUNCA MAS”, 1ra edición en noviembre de 1984)
Iniciaba expresando : Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Luego se refería a lo sucedido el Italia con las Brigadas Rojas y la forma legal en que fueron reprimidas.
El documento no salvaba las diferencias existentes entre ese pequeño grupo terrorista italiano, en comparación a los ejércitos revolucionarios terroristas argentinos con alrededor de 10.000 combatientes y otros 15 o 20.000 militantes, que desataron una guerra a lo largo y ancho del país para adueñarse del poder.
Tampoco se hacía referencia a la “Cámara Federal en lo Penal” del gobierno de facto de Lanusse que tenía alrededor de 2.000 procesados y 600 condenados por actividades terroristas que fueron liberados por el gobierno peronista-montonero de Cámpora, ni al periodo democrático 73/74 con Perón – y luego su esposa – en que los jueces fueron reemplazados por el accionar de las “3 A”. Tampoco se recordó que ante la gravedad de la agresión, y la superación de la capacidad de las fuerzas se seguridad y policiales, el gobierno constitucional optó por hacer entrar en operaciones militares a las FFAA .
En otros párrafo, hacía alusión a la enorme información recogida por la que se infería que los derechos humanos fueron violados en forma orgánica y estatal por la represión de las FFAA, explicando que no fueron actos esporádicos o excesos individuales. Para ello, transcribía las palabras del general Santiago Omar Riveros, el 24 de enero de 1980 cuando se despedía con su delegación de la “Junta Interamericana de Defensa” que había expresado: “Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los Comandos Superiores”.
El prólogo, hacía luego, una descripción general de “los operativos” para secuestrar a “seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes” y después de preguntar ¿por qué los secuestraban? y ¿dónde estaban? Afirmaba que toda la sociedad tenía temor, porque “cualquiera por inocente que fuera, pudiera caer en esa caza de brujas (…) todo era posible desde gente que propiciaba una revolución social hasta adolescentes sensibles (…) Todos caían en la redada: dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora de salarios, muchachos que habían sido miembros de un centro estudiantil, periodistas que no eran adictos a la dictadura, psicólogos y sociólogos por pertenecer a profesiones sospechosas, jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que habían llevado las enseñanzas de cristo a las villas. Y amigos de ellos y amigos de esos amigos, gente que había sido denunciada por venganza personal de secuestrados bajo tortura. Todos en su mayoría inocentes de terrorismo o siquiera de pertenecer a los cuadros combatientes de la guerrilla, porque éstos presentaban batalla y morían en el enfrentamiento o se suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vivos a manos de los represores”.
Realmente, Sábato era un sobresaliente escritor de novelas de ficción, ya que lo sostenido en estos últimos párrafos – todos en negrilla – no los habría podido escribir si hubiera tomado con seriedad la importante función que estaba desempeñando para la República.
Su evidente mendacidad y toma ideológica de posición en una guerra entre argentinos, sólo puede ser fruto de una parcialidad manifiesta, de un espíritu revanchista, o de una persona pusilánime presionada por los familiares de terroristas, por éstos y por los abogados de las organizaciones de derechos humanos, cuya estrategia ( Judicializar una guerra con un falaz argumento) sabían que les iba a deparar cientos de millones de dólares de beneficio.
Por otra parte, debe señalarse la contradicción que encarna este personaje si cotejamos estos escritos con sus declaraciones públicas realizadas tanto en el país como en el extranjero a partir del gobierno de facto y durante todo ese proceso.
Composición del informe, transformado en libro.
El mencionado libro “Nunca más”, de 482 páginas, se estructura con un prólogo y seis capítulos Cap I . La acción represiva - Cap II. Víctimas. – Cap III. El Poder Judicial durante el período en que se consumó la desaparición forzada de personas – Cap IV. Creación y organización de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas – Cap V. El respaldo doctrinario (en realidad político) de la represión – Cap VI. Recomendaciones) y Conclusiones.
Acompañaban al documento tres anexos ( Anx 1. Desaparecidos – Anx 2. Personas vistas en lugares de detención por apodo o nombre, sin otros datos – Anx 3. Listados de centros clandestinos de detención) .
Si bien hace casi 30 años que se viene difundiendo , sin fundamento alguno, el “dogma” que durante la guerra contra la subversión en la Argentina hubo "30.000 desaparecidos", la mayoría de ellos inocentes, los datos de este informe sumados a otras modificaciones posteriores del gobierno y de las ONG de derechos humanos de “la izquierda radicalizada”, como así también los propios dichos de los principales dirigentes terroristas de ese entonces, tiran por la borda la veracidad del publicitado slogan, que constituye sólo una estrategia comunicacional para lograr efectos en el público nacional e internacional.
En principio , en las “Conclusiones”, expresa que se formaron 7.380 legajos “sobre la base de denuncias de familiares, testimonios de liberados y declaraciones de las fuerzas de seguridad, así como inspecciones realizadas e información recibida de organismos públicos y privados”. En la primer página de esas mismas conclusiones luego dice – sin aclarar de donde sale la diferencia – que estiman que los desaparecidos son 8.960. ( o sea 1.580 desaparecidos más que no tienen respaldo de ningún tipo)
Si analizamos el Anexo 1 para comprobar las identificaciones de las víctimas presuntas, nos encontramos que exclusivamente 4.905 de los 7.830 legajos de presuntos desaparecidos, tienen documento de identidad o sea que su identificación podría ser real. (Para confirmarlo habría que disponer de más elementos de juicio (investigar uno por uno, incluyendo familiares, domicilio,etc) para asegurarnos que no son sosías sacados del Padrón Electoral o documentos falsos).
¿Qué pasó con los 2.475 desaparecidos sin documentos? ¿eran huérfanos, sin parientes ni amigos que pudieran obtener su identificación? ¿o no existieron? ¿o tenían distintos nombres y apellidos?.. ¿puede aceptarse como real una denuncia de la desaparición de : “Pato”, “Patricia”, “Araujo”, “Balbuena”, “Tota Carniglia”, “Betaldi”, ”Sra de Calloway”, “Ana Castro”, “Gómez”, “Sra Guevara”, “Kasgudemiam”, “Lencina”, “Ponza”, “Sra de Salcedo”, “Sra Straka”, “Sra Strizzi”, “Abdón”, “Acuña”, etc, etc,? Es poco serio. Aún con nombres y apellido completos , (en el padrón electoral existen hasta 15 personas con iguales nombres y apellidos, sólo que con documentos diferentes) la justicia no puede aceptarlo y el sentido común tampoco.
¿Es racional que los familiares y amigos que hicieron las denuncias no supieran los nombres y apellidos completos de cada uno, ni obtuvieran los números de documentos, ni su domicilio o lugar de trabajo? ¿ de qué se trataron esas anormalidades?
¿Cuántos de los denunciados tenían apellidos y nombres falsos y están denunciados con ambas identificaciones (la real y la falsa) ? ¿ Cuántas identificaciones son personas jurídicamente inexistentes ?. Todas éstas y otras más, dejan serias dudas.
Para terminar de evaluar la veracidad de las denuncias transcriptas en el informe, damos una síntesis de “desaparecidos aparecidos” que estaban en el Anexo 1 como desaparecidos, y que constan con mayores detalles en el libro “La Mentira Oficial” de Nicolás Márquez , edición 2006.
-Ana María Testa. Hoy acusadora del capitán Cavallo, detenido en España.
-130 argentinos residentes en Méjico que, por un terremoto, tuvieron que ir al Consulado.
-Eduardo Kurt Fuentes, residente en Estocolmo.
-Rafael Daniel Najmanovich, residente en Israel.
-Dr Alfredo Humberto Meade. Actual Juez Federal.( nunca , ni siquiera detenido)
-Dr Esteban Righi. Hoy Procurador General de la Nación.
-Dra Carmen Argibay. Actual miembro de la Corte Suprema de Justicia.
-Miguel Lauletta, -Silvia Tolchinsky, -Guido Puletti, -Alicia R. D’ambra, -Adriana Chamorro,
-Carlos G Lordkipanidse, -Jorge Osvaldo Paladino, -Rubén Sampini, -Carmelo Vinci y…etc.
Recomendaciones del informe de la CONADEP.( Transcripción)
“Los hechos, por demás elocuentes, que han sido denunciados o testimoniados ante esta Comisión, nos llevan a recomendar algunas iniciativas ante los distintos poderes del Estado Nacional, con la finalidad de prevenir, reparar y finalmente evitar la repetición de conculcaciones a los derechos humanos en nuestro país. Por otra parte, estas recomendaciones tienden a que no se pierda de vista la necesidad de una profunda investigación judicial de los hechos que nos fueron denunciados. Por lo tanto recomendamos:
a) Que el organismo que sustituya a esta Comisión acelere los trámites tendientes a remitir a la justicia la documentación recogida durante la investigación encomendada por el Poder Ejecutivo
b) Que el Poder Judicial se aboque adecuadamente a la agilización de los trámites investigativos y de comprobación de las denuncias recibidas por esta Comisión.
c) Que se dicten las normas necesarias para que los hijos y/o familiares de personas desaparecidas durante la represión reciban asistencia económica; becas para estudio; asistencia social; puestos de trabajo. Asimismo, que se sancionen las medidas que se estimen convenientes y que concurran a paliar los diversos problemas familiares y sociales emergentes de la desaparición forzada de personas.
d) Sancionar normas que tiendan a:
1. Declarar crimen de lesa humanidad la desaparición forzada de personas.
2. Apoyar el reconocimiento y la adhesión a las organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos.
3. Establecer la enseñanza obligatoria de la defensa y difusión de los Derechos Humanos en los organismos docentes del Estado, sean ellos civiles, militares o de seguridad.
4. Fortalecimiento y adecuación plena de los medios con que deberá contar la Justicia Civil para la investigación de oficio en relación a la violación de Derechos Humanos.
5. Derogar toda la legislación represiva que se encuentre vigente.
( Lo resaltado es nuestro)
El lector puede apreciar que estas recomendaciones se han ido plasmando en forma prácticamente total a lo largo de las sucesivas gestiones de gobierno desde entonces y, por más que el sentido de las mismas es intrínsicamente correcto, el efecto negativo ha consistido en exculpar la acción sediciosa de las organizaciones terroristas subversivas y cargar las culpas sólo sobre las instituciones del Estado que las reprimieron o combatieron militarmente.
Transcripciones parciales de las conclusiones del Informe de la CONADEP. ( Doc publicado como “Nunca más”, Edit. Eudeba 9na. Edición 1985) .
“Hasta la fecha de presentación de este informe, la CONADEP estima en 8.960 el número de personas que continúan en situación de desaparición forzosa, sobre la base de las denuncias recibidas…”
Pero más adelante, en el apartado 10 ( no numerados, sino marcado cada uno con una estrella pequeña ) dice:
“La CONADEP formó 7.830 legajos, comprensivos de denuncias de familiares de desaparecidos, testimonios de liberados de los centros clandestinos de detención y declaraciones de miembros de las fuerzas de seguridad que intervinieron en el accionar represivo..”
“La desaparición de personas como metodología represiva reconoce algunos antecedentes previos al golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Pero es a partir de esa fecha en que las fuerzas que usurparon el poder obtuvieron el control absoluto de los resortes del Estado, cuando se produce la implantación generalizado de esa metodología….”
“…Hay varias denuncias acerca de niños y ancianos torturados junto a un familiar, para que éste proporcionara la información requerida por sus captores:” Es necesario acotar que no hubo durante el desarrollo del juicio probanzas de estas aberraciones falsas, realizadas con el objeto de impactar en la opinión pública.
“La CONADEP ha comprobado que en el marco de la metodología investigada fueron exterminadas personas previamente detenidas con ocultamiento de su identidad, habiéndose en muchos casos destruidos sus cuerpos para evitar su posterior identificación”…
“Es posible afirmar que – contrariamente a lo sostenido por los ejecutores de tan siniestro plan – no solamente se persiguió a los miembros de organizaciones políticas que practicaban actos de terrorismo. Se cuentan por millares las víctimas que jamás tuvieron vinculación alguna con tales actividades y fueron sin embargo objeto de horrendos suplicios por su oposición a la dictadura militar, por su participación en luchas gremiales o estudiantiles, por tratarse de reconocidos intelectuales que cuestionaron el terrorismo de Estado o, simplemente por ser familiares, amigos o estar incluidos en la agenda de alguien considerado subversivo.”
No pueden dejar de señalarse las flagrantes mentiras que incluye este párrafo. Sólo el astigmatismo ideológico puede alterar una realidad admitida hasta por las máximas autoridades de la organizaciones terroristas cuando expresaban que la casi totalidad de bajas correspondía a militantes de sus organizaciones. Este escrito evidencia la redacción por parte de abogados interesados en sumar antecedentes que permitirían juzgar a los inculpados dentro de figuras del Derecho que no son pertinentes con la realidad.
“Esta comisión sostiene que no se cometieron excesos, si se entiende por ellos particularmente aberrantes. Tales atrocidades fueron práctica común y extendida y eran actos normales y corrientes efectuados a diario por la represión”
“A pesar de afirmarse en el “DOCUMENTO FINAL DE LA JUNTA MILITAR SOBRE LA GUERRA CONTRA LA SUBVERSIÓN Y EL TERRORISMO”, que la subversión reclutó 25.000 efectivos de los cuales quince mil estaban “técnicamente capacitados e ideológicamente fanatizados para matar”, los Consejos de Guerra con competencia para juzgar esos delitos sólo sostuvieron cargos que concluyeran en condenas contra aproximadamente trescientas cincuenta personas. Ello demuestra claramente cuál fue entonces la otra modalidad adoptada para suprimir a millares de opositores, fueran o no terroristas” Aquí la CONADEP intentó victimizar a los combatientes y colaboradores de las organizaciones terroristas calificándolos de inocentes opositores, cuando los mismos dirigentes de esas organizaciones las computaron públicamente como propias. (… “coincido con Videla, fue una guerra; “Videla y yo fuimos chivos expiatorios”…”La inmensa mayoría de los desaparecidos fueron montoneros”… M. E. Firmenich, en un reportaje efectuado por Jesús Quinteros).
“De la investigación efectuada resultó la formulación de denuncias ante la justicia, comprensivas de 1.086 legajos que permiten tener por acreditada la existencia y funcionamiento de los principales centros clandestinos de detención; nómina parcial de “desaparecidos que fueron vistos con vida en tales centros y miembros de las FFAA y de Seguridad mencionados por las víctimas como responsables de los graves hechos denunciados”
“ La destrucción o remoción de la documentación que registró minuciosamente la suerte corrida por las personas desaparecidas, dispuesta antes de la entrega del gobierno a las autoridades constitucionales, dificultó la investigación encomendada…” .
Finalmente deben señalarse las siguientes omisiones premeditadas para evitar la comprensión de los hechos:
· No citar ni admitir el estado de guerra revolucionara surgido de la estrategia y tácticas adoptadas por los terroristas, con el apoyo e impulso de Cuba, pese a que tal situación había sido publicado en casi todos los documentos y revistas públicas de las organizaciones y expresado públicamente por sus dirigentes.
· No hacer referencia a la orden de aniquilamiento surgida del gobierno constitucional de entonces donde se establecía el “QUÉ” a cumplir.
· No citar la gravísima responsabilidad de los componentes del Poder Ejecutivo y Legislativo que dispusieron la libertad de alrededor de 2.000 terroristas sentenciados y en proceso, que volvieron a la lucha y simultáneamente destruía los instrumentos jurídicos para defensa del Estado (Cámara Federal en lo Penal y legislación antiterrorista) abriendo la puerta para que se aplique una metodología que impediría repetir esas situaciones.
FIN DEL BOLETÍN Nro 114.-
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