Boletín de fecha 12 de setiembre de 2007
Temas desarrollados
Declaraciones anticipadas de Sábato.
Refutación de Sábato a Fernández Gil
Acta de Coincidencias (conflicto con Chile).
Comienza el malestar entre los oficiales jóvenes.
Consulta popular no vinculante sobre Chile.
Declaraciones anticipadas de Sábato sobre la cantidad de desaparecidos.
Los primeros días de mayo, a tres meses de haber iniciado su tarea, el presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Ernesto Sábato, se entrevistó con el presidente de la república y al salir efectuó breves declaraciones a la prensa ante la cual señaló que el organismo contaba con el apoyo total del jefe de Estado y que apreciaba que el número de desaparecidos podía llegar a diez mil.( Esta aseveración también fue efectuada en Resistencia –Chaco – por Graciela Fernández Meijide)
También informó que las denuncias recibidas por la comisión eran unas 1500, de las cuales 600 no habían sido presentadas con anterioridad ante las organizaciones de derechos humanos lo que mostraba, dijo, que la gente iba perdiendo el miedo y empezaba a confiar en la democracia..
Llama la atención que a estas alturas de la recepción de denuncias – 1500 de acuerdo a sus propias aseveraciones – se expresara ligeramente y sin ningún fundamento sobre que los desaparecidos podrían llegar a 10.000. Parecería que ya existía en la CONADEP una “orientación” acerca del número al que debían aproximarse. ( En el “Informe Final” sólo lograron armar 7.830 legajos, de los cuales casi el 40% no estaban debidamente identificados, ya que no tenían los datos completos ni el número de documento de identidad). Finalmente en el mencionado “Informe Final” de septiembre, fiel a esa orientación supuesta, expresaron que estimaban los desaparecidos en 8.965, sin aportar ningún elemento que avalara esa diferencia con respecto a los legajos ( se hacía uno por cada persona presuntamente desaparecida).
Refutación de Sábato a Fernández Gil
El escritor Ernesto Sábato calificó como de “bajo nivel moral y filosófico” las acusaciones formuladas por el ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires , Guillermo Fernández Gil , y definió esa área de gobierno como “una de las zonas más devastadas por la represión”…
En una declaración distribuida por la agencia de noticias Télam, Sábato, quien presidía la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas - CONADEP - afirmó “que este señor (Fernández Gil) me acuse de materialismo ateo” por haber hecho críticas a la jerarquía de la Iglesia Católica, casi no merecería respuesta: primero porque no es delito ser ateo y segundo porque la apreciación no resiste el menor análisis”. ( Era público que Sábato era miembro del Partido Comunista).
Sábato aseguró que “las torturas fueron aceptadas y hasta justificadas por capellanes de las Fuerzas Armadas” y este hecho, expresó, así como el silencio sobre ellos de la jerarquía, motivó la crítica dirigida a ciertos miembros de la Iglesia y no a la doctrina de Cristo…
Con posterioridad (14 de junio de 1984), Sábato salió al cruce de las críticas formuladas por militares contra ese organismo. Sobre el número de personas desaparecidas , Sábato precisó , que tenía conocimiento de 8.800 casos , y puso énfasis en destacar que “en ningún momento habló de 30.000 desaparecidos”, pues lo único que había dicho es que esa cifra la manejaban algunos organismos de derechos humanos.
Nuevamente Sábato difundió una cifra errónea, ya que como se expresará después en el informe final, sólo armaron 7.830 legajos. (con sólo 4.905 personas con identificación fehaciente , según figura en el Anexo 1 del libro “Nunca Más” o “Informe de la CONADEP”). Sin embargo descartó de plano la mítica cifra de 30.000 desaparecidos que se intenta imponer desde entonces en la conciencia colectiva de nuestra población, con fines aviesos.
Acta de Coincidencias (conflicto con Chile).
Decidido a cerrar definitivamente un conflicto que en el pasado casi había llevado a la guerra con Chile, a principios de junio de 1984, Alfonsín propuso a los distintos dirigentes de los partidos políticos la firma de un “Acta de Coincidencias”, cuyo artículo 11º referido a la cuestión del Beagle, afirmaba que la aceptación de las sugerencias y propuestas del Papa Juan Pablo II sobre el Beagle - como marco de paz - permitiría resolver pacífica y definitivamente el litigio limítrofe con la hermana república de Chile, ratificar el principio bioceánico y nuestros derechos sobre la Antártida, y comenzar la consideración y aprobación de numerosos proyectos de complementación económica y social entre ambas naciones.
Esta Acta fue firmada el 7 de junio por 16 partidos políticos. Algunos lo hicieron con reservas y otros -la Unión del Centro Democrático (UCD), el Partido Comunista (PC), el Frente de Izquierda Popular (FIP) y el Partido Federal (PF) - la rechazaron .
Comienza el malestar entre los oficiales jóvenes.
El 25 de junio de 1984, dos capitanes destinados como cursantes en la Escuela Superior de Guerra, Enrique Mones Ruiz y Gustavo Adolfo Alsina, fueron detenidos junto con el sargento Miguel Angel Pérez por una causa sobre dos desaparecidos en la Guarnición Córdoba cuando ellos eran tenientes y el suboficial era cabo. Tal situación provocó una honda repercusión en el cuerpo de oficiales y suboficiales, en especial en los destinados en el Instituto referido donde cursaban alumnos de 4 promociones, incluyendo una especialización de post grado. (coroneles).
Dos días después, el Estado Mayor del Ejército dio a conocer un comunicado para expresar que “no existía inquietud en la Fuerza” desmintiendo algunas versiones sobre otros hechos.
Por otra parte, el Comandante del Tercer Cuerpo de Ejército , general Pedro Pablo Mansilla, respaldaba a sus oficiales con una petición al juez Julio Miguel Villafañe que había decretado la prisión preventiva de los ya citados, para que dejara de actuar sobre los oficiales en actividad. Mansilla , que venía criticando y oponiéndose a la actuación de los miembros de la CONADEP en su guarnición, había tenido también unos entredichos con Sábato . Esta actitud del general Mansilla terminó en una orden del Ministro de Defensa Raúl Borrás al Jefe del Estado Mayor del Ejército, general Arguindegui, para que lo sancionara al general Mansilla.
Como la orden no fue cumplida a satisfacción del Ministro, éste ordenó que ambos generales pasaran a retiro y el 7 de julio puso a cargo del Ejército al general Ricardo Pianta, que se desempeñaba hasta ese momento como Subjefe del Estado Mayor (segundo de Arguindegui) para eludir un descabezamiento mayor del Ejército que podría complicar el panorama militar.
Lo ocurrido daba por tierra las expresiones públicas del Presidente sobre los tres niveles de responsabilidad que iban a considerar en la lucha contra el terrorismo : los que planearon y ordenaron .. los que se excedieron respecto al cumplimiento… y los que las cumplieron sin poder desobedecer.
Algunos jueces comenzaban a interpretar los hechos independientemente y con criterio ideológico (y no jurídico) por lo que ello comenzaba a intranquilizar a las FFAA cuyos integrantes, convencidos que habían participado en una guerra no convencional de acuerdo a las órdenes y reglamentos, no querían ser encuadrados en el Código Penal y desconfiaban que si se “judicializaba” la guerra, ello sería sólo para los miembros de las FFAA victoriosas y no para los terroristas, cosa que resultó premonitoria.
Las promesas del discurso del gobierno no se cumplirían. El germen de los sucesos que se desencadenarían en Semana Santa del año 1987 ya estaba en desarrollo.
Consulta popular no vinculante sobre Chile.
El gobierno radical era consciente de que los pasos tendientes a cerrar el viejo diferendo limítrofe con Chile por el Beagle no serían sencillos dado que el laudo emitido por el Vaticano (como mediador del diferendo) nos había sido desfavorable y debía recibir tratamiento legislativo y que las heridas podrían reabrirse ante la menor señal de mala voluntad de una de las partes.
Así, el 25 de julio de 1984 el presidente Alfonsín convocó oficialmente a todos los ciudadanos a expresar su opinión respecto de la firma de un tratado de paz con Chile por medio de una consulta popular y no vinculante, en los siguientes términos:
Temas desarrollados
Declaraciones anticipadas de Sábato.
Refutación de Sábato a Fernández Gil
Acta de Coincidencias (conflicto con Chile).
Comienza el malestar entre los oficiales jóvenes.
Consulta popular no vinculante sobre Chile.
Declaraciones anticipadas de Sábato sobre la cantidad de desaparecidos.
Los primeros días de mayo, a tres meses de haber iniciado su tarea, el presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Ernesto Sábato, se entrevistó con el presidente de la república y al salir efectuó breves declaraciones a la prensa ante la cual señaló que el organismo contaba con el apoyo total del jefe de Estado y que apreciaba que el número de desaparecidos podía llegar a diez mil.( Esta aseveración también fue efectuada en Resistencia –Chaco – por Graciela Fernández Meijide)
También informó que las denuncias recibidas por la comisión eran unas 1500, de las cuales 600 no habían sido presentadas con anterioridad ante las organizaciones de derechos humanos lo que mostraba, dijo, que la gente iba perdiendo el miedo y empezaba a confiar en la democracia..
Llama la atención que a estas alturas de la recepción de denuncias – 1500 de acuerdo a sus propias aseveraciones – se expresara ligeramente y sin ningún fundamento sobre que los desaparecidos podrían llegar a 10.000. Parecería que ya existía en la CONADEP una “orientación” acerca del número al que debían aproximarse. ( En el “Informe Final” sólo lograron armar 7.830 legajos, de los cuales casi el 40% no estaban debidamente identificados, ya que no tenían los datos completos ni el número de documento de identidad). Finalmente en el mencionado “Informe Final” de septiembre, fiel a esa orientación supuesta, expresaron que estimaban los desaparecidos en 8.965, sin aportar ningún elemento que avalara esa diferencia con respecto a los legajos ( se hacía uno por cada persona presuntamente desaparecida).
Refutación de Sábato a Fernández Gil
El escritor Ernesto Sábato calificó como de “bajo nivel moral y filosófico” las acusaciones formuladas por el ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires , Guillermo Fernández Gil , y definió esa área de gobierno como “una de las zonas más devastadas por la represión”…
En una declaración distribuida por la agencia de noticias Télam, Sábato, quien presidía la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas - CONADEP - afirmó “que este señor (Fernández Gil) me acuse de materialismo ateo” por haber hecho críticas a la jerarquía de la Iglesia Católica, casi no merecería respuesta: primero porque no es delito ser ateo y segundo porque la apreciación no resiste el menor análisis”. ( Era público que Sábato era miembro del Partido Comunista).
Sábato aseguró que “las torturas fueron aceptadas y hasta justificadas por capellanes de las Fuerzas Armadas” y este hecho, expresó, así como el silencio sobre ellos de la jerarquía, motivó la crítica dirigida a ciertos miembros de la Iglesia y no a la doctrina de Cristo…
Con posterioridad (14 de junio de 1984), Sábato salió al cruce de las críticas formuladas por militares contra ese organismo. Sobre el número de personas desaparecidas , Sábato precisó , que tenía conocimiento de 8.800 casos , y puso énfasis en destacar que “en ningún momento habló de 30.000 desaparecidos”, pues lo único que había dicho es que esa cifra la manejaban algunos organismos de derechos humanos.
Nuevamente Sábato difundió una cifra errónea, ya que como se expresará después en el informe final, sólo armaron 7.830 legajos. (con sólo 4.905 personas con identificación fehaciente , según figura en el Anexo 1 del libro “Nunca Más” o “Informe de la CONADEP”). Sin embargo descartó de plano la mítica cifra de 30.000 desaparecidos que se intenta imponer desde entonces en la conciencia colectiva de nuestra población, con fines aviesos.
Acta de Coincidencias (conflicto con Chile).
Decidido a cerrar definitivamente un conflicto que en el pasado casi había llevado a la guerra con Chile, a principios de junio de 1984, Alfonsín propuso a los distintos dirigentes de los partidos políticos la firma de un “Acta de Coincidencias”, cuyo artículo 11º referido a la cuestión del Beagle, afirmaba que la aceptación de las sugerencias y propuestas del Papa Juan Pablo II sobre el Beagle - como marco de paz - permitiría resolver pacífica y definitivamente el litigio limítrofe con la hermana república de Chile, ratificar el principio bioceánico y nuestros derechos sobre la Antártida, y comenzar la consideración y aprobación de numerosos proyectos de complementación económica y social entre ambas naciones.
Esta Acta fue firmada el 7 de junio por 16 partidos políticos. Algunos lo hicieron con reservas y otros -la Unión del Centro Democrático (UCD), el Partido Comunista (PC), el Frente de Izquierda Popular (FIP) y el Partido Federal (PF) - la rechazaron .
Comienza el malestar entre los oficiales jóvenes.
El 25 de junio de 1984, dos capitanes destinados como cursantes en la Escuela Superior de Guerra, Enrique Mones Ruiz y Gustavo Adolfo Alsina, fueron detenidos junto con el sargento Miguel Angel Pérez por una causa sobre dos desaparecidos en la Guarnición Córdoba cuando ellos eran tenientes y el suboficial era cabo. Tal situación provocó una honda repercusión en el cuerpo de oficiales y suboficiales, en especial en los destinados en el Instituto referido donde cursaban alumnos de 4 promociones, incluyendo una especialización de post grado. (coroneles).
Dos días después, el Estado Mayor del Ejército dio a conocer un comunicado para expresar que “no existía inquietud en la Fuerza” desmintiendo algunas versiones sobre otros hechos.
Por otra parte, el Comandante del Tercer Cuerpo de Ejército , general Pedro Pablo Mansilla, respaldaba a sus oficiales con una petición al juez Julio Miguel Villafañe que había decretado la prisión preventiva de los ya citados, para que dejara de actuar sobre los oficiales en actividad. Mansilla , que venía criticando y oponiéndose a la actuación de los miembros de la CONADEP en su guarnición, había tenido también unos entredichos con Sábato . Esta actitud del general Mansilla terminó en una orden del Ministro de Defensa Raúl Borrás al Jefe del Estado Mayor del Ejército, general Arguindegui, para que lo sancionara al general Mansilla.
Como la orden no fue cumplida a satisfacción del Ministro, éste ordenó que ambos generales pasaran a retiro y el 7 de julio puso a cargo del Ejército al general Ricardo Pianta, que se desempeñaba hasta ese momento como Subjefe del Estado Mayor (segundo de Arguindegui) para eludir un descabezamiento mayor del Ejército que podría complicar el panorama militar.
Lo ocurrido daba por tierra las expresiones públicas del Presidente sobre los tres niveles de responsabilidad que iban a considerar en la lucha contra el terrorismo : los que planearon y ordenaron .. los que se excedieron respecto al cumplimiento… y los que las cumplieron sin poder desobedecer.
Algunos jueces comenzaban a interpretar los hechos independientemente y con criterio ideológico (y no jurídico) por lo que ello comenzaba a intranquilizar a las FFAA cuyos integrantes, convencidos que habían participado en una guerra no convencional de acuerdo a las órdenes y reglamentos, no querían ser encuadrados en el Código Penal y desconfiaban que si se “judicializaba” la guerra, ello sería sólo para los miembros de las FFAA victoriosas y no para los terroristas, cosa que resultó premonitoria.
Las promesas del discurso del gobierno no se cumplirían. El germen de los sucesos que se desencadenarían en Semana Santa del año 1987 ya estaba en desarrollo.
Consulta popular no vinculante sobre Chile.
El gobierno radical era consciente de que los pasos tendientes a cerrar el viejo diferendo limítrofe con Chile por el Beagle no serían sencillos dado que el laudo emitido por el Vaticano (como mediador del diferendo) nos había sido desfavorable y debía recibir tratamiento legislativo y que las heridas podrían reabrirse ante la menor señal de mala voluntad de una de las partes.
Así, el 25 de julio de 1984 el presidente Alfonsín convocó oficialmente a todos los ciudadanos a expresar su opinión respecto de la firma de un tratado de paz con Chile por medio de una consulta popular y no vinculante, en los siguientes términos:
“(...) Queremos que los argentinos, todos los argentinos, participen tomando posición acerca de si conviene o no dar solución rápida y pacífica a un problema que ha constituido desde hace un siglo un elemento de tensión con la República de Chile. (...) La solución al diferendo del Beagle no sólo constituiría el final de un antiguo litigio sino además, y sobre todo, un factor esencial para construir un futuro que se nos avecina con rapidez. Me refiero, precisamente a ese proceso de integración que, en los próximos años puede y debe acelerarse como condición vital para defender nuestros intereses y sentar las bases de la prosperidad para todos nosotros ”
En realidad, y tal como sostienen Russell y Paradiso, varias razones de política interna explicaban la decisión del primer mandatario:
· El virtual agotamiento de la vía de la mediación vaticana, que le posibilitaba a Chile la opción de recurrir a la Corte Internacional de La Haya, una alternativa que prolongaba su definición y mantenía la tensión entre los países.
· La necesidad de proyectar hacia el exterior la imagen de una dirigencia racional y prudente, que además de levantar la bandera de la solución pacífica de las controversias la pusiera en práctica. Desde el razonamiento de la administración radical, este factor a su vez otorgaría al gobierno el prestigio externo y la "autoridad moral" necesarios para encarar de forma similar la controversia con Gran Bretaña por Malvinas o sostener iniciativas en favor del desarme global-
· La incertidumbre respecto de los votos peronistas en el Congreso cuando se discutiera la ratificación del tratado
· La convicción de que el voto positivo de la ciudadanía cerraría definitivamente la cuestión, restando espacio tanto a la acción desestabilizadora de grupos ultranacionalistas, como al uso intencional del diferendo por parte de la oposición en función de la política interna .
Por cierto, la consulta popular del 25 de noviembre otorgó un rotundo apoyo al gobierno radical para que éste cerrara el conflicto pendiente con Chile: 81,32% de los votos a favor de la firma del tratado de paz con Chile, 17,08 % en contra y 1,6 % en blanco.
Se pronunciaron a favor del acuerdo con Chile la gran mayoría de la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo, la Democracia Cristiana, el Partido Intransigente, el Partido Comunista, la Iglesia Católica y numerosos sectores sindicales, empresarios y culturales.
Por su parte, los opositores al acuerdo abarcaron un espectro ideológico sumamente heterogéneo, desde sectores de la extrema derecha nacionalista (el ya citado Movimiento de Afirmación de la Soberanía (MAS) liderado por el almirante Rojas) hasta partidos de la izquierda marxista (como el Frente de Izquierda Popular -FIP- y el Movimiento al Socialismo -MAS-), pasando por la derecha y la izquierda del peronismo y sectores minoritarios del propio partido Radical, como el Núcleo Radical de Afirmación Territorial (NURAT) y la corriente sabattinista .
La Argentina enfrentaba serios reveses en el plano internacional cuando Alfonsín asumió la presidencia. La decisión que adoptó pareció privilegiar la rápida finalización de uno de los problemas, antes que pretender un resultado favorable.
En cuanto a la abrumadora respuesta positiva dada por la ciudadanía a esta consulta popular, es posible arriesgar dos explicaciones en tal sentido:
· El virtual agotamiento de la vía de la mediación vaticana, que le posibilitaba a Chile la opción de recurrir a la Corte Internacional de La Haya, una alternativa que prolongaba su definición y mantenía la tensión entre los países.
· La necesidad de proyectar hacia el exterior la imagen de una dirigencia racional y prudente, que además de levantar la bandera de la solución pacífica de las controversias la pusiera en práctica. Desde el razonamiento de la administración radical, este factor a su vez otorgaría al gobierno el prestigio externo y la "autoridad moral" necesarios para encarar de forma similar la controversia con Gran Bretaña por Malvinas o sostener iniciativas en favor del desarme global-
· La incertidumbre respecto de los votos peronistas en el Congreso cuando se discutiera la ratificación del tratado
· La convicción de que el voto positivo de la ciudadanía cerraría definitivamente la cuestión, restando espacio tanto a la acción desestabilizadora de grupos ultranacionalistas, como al uso intencional del diferendo por parte de la oposición en función de la política interna .
Por cierto, la consulta popular del 25 de noviembre otorgó un rotundo apoyo al gobierno radical para que éste cerrara el conflicto pendiente con Chile: 81,32% de los votos a favor de la firma del tratado de paz con Chile, 17,08 % en contra y 1,6 % en blanco.
Se pronunciaron a favor del acuerdo con Chile la gran mayoría de la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo, la Democracia Cristiana, el Partido Intransigente, el Partido Comunista, la Iglesia Católica y numerosos sectores sindicales, empresarios y culturales.
Por su parte, los opositores al acuerdo abarcaron un espectro ideológico sumamente heterogéneo, desde sectores de la extrema derecha nacionalista (el ya citado Movimiento de Afirmación de la Soberanía (MAS) liderado por el almirante Rojas) hasta partidos de la izquierda marxista (como el Frente de Izquierda Popular -FIP- y el Movimiento al Socialismo -MAS-), pasando por la derecha y la izquierda del peronismo y sectores minoritarios del propio partido Radical, como el Núcleo Radical de Afirmación Territorial (NURAT) y la corriente sabattinista .
La Argentina enfrentaba serios reveses en el plano internacional cuando Alfonsín asumió la presidencia. La decisión que adoptó pareció privilegiar la rápida finalización de uno de los problemas, antes que pretender un resultado favorable.
En cuanto a la abrumadora respuesta positiva dada por la ciudadanía a esta consulta popular, es posible arriesgar dos explicaciones en tal sentido:
· La intensa campaña de propaganda que llevó adelante el gobierno presentando un planteo no cierto al identificar el “sí” con la paz y el “no “ con la guerra, situación que no se compadecía con la real situación de ese momento.
· La derrota militar en Malvinas era entonces muy reciente e influía en forma categórica para rechazar todo lo que implicaba conflicto o contienda
FIN DEL BOLETÍN Nro 111.-
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