Boletín del 13 de agosto de 2007
Temas desarrollados
Antecedentes durante la campaña por la presidencia.
El triunfo Radical
La respuesta sindical.
La nueva ley.
Consideraciones finales.
Antecedentes durante la campaña por la presidencia.
Durante el desarrollo de su campaña presidencial, Alfonsín había denunciado la existencia de un supuesto “pacto militar-sindical” cuyo objetivo sería lograr la continuidad del poder militar, amparado por un posible futuro gobierno justicialista. Dicha estrategia: identificar al justicialismo con el gobierno de facto y el hecho de prometer desbaratar ese “pacto” para el caso de asumir como presidente, le aportó un porcentaje significativo de un electorado que ansiaba vivir en paz y alejarse tanto del caos de los últimos gobiernos peronistas como de la traumática experiencia del Proceso de Reorganización Nacional.
Por su parte, la cúpula del sindicalismo apreciaba que un gobierno encabezado por Alfonsín comprometería seriamente el poder que detentaba, por lo tanto también apeló al tipo de “campaña sucia preelectoral” para desgastar al radicalismo. Por aquellos días la ciudad de Buenos Aires apareció empapelada con gran profusión de afiches en los cuales se veía a Alfonsín arengando a la multitud parado sobre un cajón de Coca Cola, con la evidente intención de demostrar que se trataba del candidato de los EEUU.
El triunfo Radical
El 30 de octubre de 1983 el radicalismo quebró la constante histórica del justicialismo, que nunca había sufrido una derrota en elecciones presidenciales cuando Alfonsín se impuso por el 51,7% de los sufragios.
La euforia provocada por esta victoria inédita hizo creer a Alfonsín que estaban dadas la oportunidad y condiciones para llamar a elecciones en todos los sindicatos y ratificar allí lo que había logrado en el plano político. Con esos antecedentes no sorprendió que el flamante gobierno, en una de sus primeras medidas adoptadas, remitiera al Congreso el 17 de diciembre de 1983 la “Ley de Reordenamiento Sindical”(sin aviso previo ni consulta o debate público anterior), a la que se llamó “ley Mucci” debido a que había sido implementada por el ministro de Trabajo, Paulino Mucci.
Si bien el proyecto de ley hacía hincapié en la necesidad de democratizar la vida sindical mediante elecciones internas controladas por la justicia, efectivizar la representación de las minorías y permitir la creación de nuevas uniones u organizaciones, era evidente que bajo el loable principio de la libertad sindical se perseguía el resultado práctico de recortar en forma sensible los poderes e influencias de los grandes sindicatos, como así también quebrar el monopolio en la representación de los trabajadores.
El proyecto del Poder Ejecutivo tuvo entrada por la Cámara de Diputados, donde recibió una rápida aprobación gracias a la mayoría oficialista en ese recinto. El exitoso comienzo aumentó aún más el sentimiento triunfalista del Partido Radical.
La respuesta sindical.
La reacción no se hizo esperar: el 25 de enero de 1984 los líderes de las organizaciones obreras que se habían escindido 15 años atrás (marzo 1968), Jorge Triacca, jefe de la CNT (dialoguista) y Saúl Ubaldini, a cargo del “Grupo de los 25” que había normalizado a la CGT oficial (combativa), se reunieron conjuntamente con los principales dirigentes gremiales en el sindicato de la Alimentación, donde determinaron la reunificación de ambas centrales en la Confederación General del Trabajo (CGT) y designaron a Ubaldini como Secretario General.
La resolución inicial de la Conducción Unificada consistió en convocar a la primera concentración obrera de protesta para el 10 de febrero de 1984, en abierta oposición al gobierno de Alfonsín y a la aprobación de la ley de marras.
El siguiente 14 de marzo la “ley Mucci” resultó rechazada en la Cámara de Senadores, donde la mayoría justicialista prevaleció sobre opositores e independientes; algunos de estos últimos reaccionaron adhiriéndose a la postura de la mayoría, al sentirse indebidamente presionados por la exagerada insistencia de algunos legisladores radicales que, desesperados por el vuelco desfavorable operado, hacían esfuerzos desmedidos para evitar el traspié.
Alfonsín optó entonces por mantener en vigencia la antigua ley sindical 22.105 promulgada por el gobierno de facto y seriamente cuestionada por la Organización Internacional del Trabajo(OIT). También se opuso tenazmente a restablecer los mecanismos de las Convenciones Colectivas de Trabajo, con la finalidad de mantener en manos del Estado el poder de fijar los salarios. El rechazo de la “ley Mucci” provocó la renuncia de su mentor, quien fue reemplazado por Juan Manuel Casella en el ministerio.
De aquí en más, la CGT se constituyó en la principal opositora del gobierno radical y su Secretario General, Saúl Ubaldini ( por causas azarosas o circunstanciales), fue el referente más destacado de esta organización que durante los siguientes cinco años posteriores al rechazo de la ley produjo casi 4000 huelgas sectoriales y de empresas (el 67% de las cuales correspondientes al sector público) y 13 huelgas “generales” que terminaron por minar en forma drástica la gobernabilidad radical.
La nueva ley.
Recién en 1987 el gobierno de Alfonsín cambió su estrategia de confrontación con el sindicalismo al seleccionar como ministro de Trabajo a un dirigente sindical de primer nivel, Carlos Alderete, Secretario de Luz y Fuerza. El nuevo ministro patrocinó en 1988 una nueva ley sindical, la 23.551, aprobada con la unanimidad de los representantes de todos los partidos políticos y dirigentes sindicales. Sólo la Unión Industrial Argentina (UIA) cuestionó ante la OIT la promulgación de esta ley por considerarla de efectos negativos para el desarrollo nacional.
Consideraciones finales.
Esta fue la primera gran derrota política de la gestión presidencial de Alfonsín, la que sumada a la equivocada administración económica- financiera, hizo que el presidente tuviera que entregar 6 meses antes su gobierno a un peronista, el doctor Carlos Saúl Menem.
FIN DEL BOLETÍN N° 107.
Temas desarrollados
Antecedentes durante la campaña por la presidencia.
El triunfo Radical
La respuesta sindical.
La nueva ley.
Consideraciones finales.
Antecedentes durante la campaña por la presidencia.
Durante el desarrollo de su campaña presidencial, Alfonsín había denunciado la existencia de un supuesto “pacto militar-sindical” cuyo objetivo sería lograr la continuidad del poder militar, amparado por un posible futuro gobierno justicialista. Dicha estrategia: identificar al justicialismo con el gobierno de facto y el hecho de prometer desbaratar ese “pacto” para el caso de asumir como presidente, le aportó un porcentaje significativo de un electorado que ansiaba vivir en paz y alejarse tanto del caos de los últimos gobiernos peronistas como de la traumática experiencia del Proceso de Reorganización Nacional.
Por su parte, la cúpula del sindicalismo apreciaba que un gobierno encabezado por Alfonsín comprometería seriamente el poder que detentaba, por lo tanto también apeló al tipo de “campaña sucia preelectoral” para desgastar al radicalismo. Por aquellos días la ciudad de Buenos Aires apareció empapelada con gran profusión de afiches en los cuales se veía a Alfonsín arengando a la multitud parado sobre un cajón de Coca Cola, con la evidente intención de demostrar que se trataba del candidato de los EEUU.
El triunfo Radical
El 30 de octubre de 1983 el radicalismo quebró la constante histórica del justicialismo, que nunca había sufrido una derrota en elecciones presidenciales cuando Alfonsín se impuso por el 51,7% de los sufragios.
La euforia provocada por esta victoria inédita hizo creer a Alfonsín que estaban dadas la oportunidad y condiciones para llamar a elecciones en todos los sindicatos y ratificar allí lo que había logrado en el plano político. Con esos antecedentes no sorprendió que el flamante gobierno, en una de sus primeras medidas adoptadas, remitiera al Congreso el 17 de diciembre de 1983 la “Ley de Reordenamiento Sindical”(sin aviso previo ni consulta o debate público anterior), a la que se llamó “ley Mucci” debido a que había sido implementada por el ministro de Trabajo, Paulino Mucci.
Si bien el proyecto de ley hacía hincapié en la necesidad de democratizar la vida sindical mediante elecciones internas controladas por la justicia, efectivizar la representación de las minorías y permitir la creación de nuevas uniones u organizaciones, era evidente que bajo el loable principio de la libertad sindical se perseguía el resultado práctico de recortar en forma sensible los poderes e influencias de los grandes sindicatos, como así también quebrar el monopolio en la representación de los trabajadores.
El proyecto del Poder Ejecutivo tuvo entrada por la Cámara de Diputados, donde recibió una rápida aprobación gracias a la mayoría oficialista en ese recinto. El exitoso comienzo aumentó aún más el sentimiento triunfalista del Partido Radical.
La respuesta sindical.
La reacción no se hizo esperar: el 25 de enero de 1984 los líderes de las organizaciones obreras que se habían escindido 15 años atrás (marzo 1968), Jorge Triacca, jefe de la CNT (dialoguista) y Saúl Ubaldini, a cargo del “Grupo de los 25” que había normalizado a la CGT oficial (combativa), se reunieron conjuntamente con los principales dirigentes gremiales en el sindicato de la Alimentación, donde determinaron la reunificación de ambas centrales en la Confederación General del Trabajo (CGT) y designaron a Ubaldini como Secretario General.
La resolución inicial de la Conducción Unificada consistió en convocar a la primera concentración obrera de protesta para el 10 de febrero de 1984, en abierta oposición al gobierno de Alfonsín y a la aprobación de la ley de marras.
El siguiente 14 de marzo la “ley Mucci” resultó rechazada en la Cámara de Senadores, donde la mayoría justicialista prevaleció sobre opositores e independientes; algunos de estos últimos reaccionaron adhiriéndose a la postura de la mayoría, al sentirse indebidamente presionados por la exagerada insistencia de algunos legisladores radicales que, desesperados por el vuelco desfavorable operado, hacían esfuerzos desmedidos para evitar el traspié.
Alfonsín optó entonces por mantener en vigencia la antigua ley sindical 22.105 promulgada por el gobierno de facto y seriamente cuestionada por la Organización Internacional del Trabajo(OIT). También se opuso tenazmente a restablecer los mecanismos de las Convenciones Colectivas de Trabajo, con la finalidad de mantener en manos del Estado el poder de fijar los salarios. El rechazo de la “ley Mucci” provocó la renuncia de su mentor, quien fue reemplazado por Juan Manuel Casella en el ministerio.
De aquí en más, la CGT se constituyó en la principal opositora del gobierno radical y su Secretario General, Saúl Ubaldini ( por causas azarosas o circunstanciales), fue el referente más destacado de esta organización que durante los siguientes cinco años posteriores al rechazo de la ley produjo casi 4000 huelgas sectoriales y de empresas (el 67% de las cuales correspondientes al sector público) y 13 huelgas “generales” que terminaron por minar en forma drástica la gobernabilidad radical.
La nueva ley.
Recién en 1987 el gobierno de Alfonsín cambió su estrategia de confrontación con el sindicalismo al seleccionar como ministro de Trabajo a un dirigente sindical de primer nivel, Carlos Alderete, Secretario de Luz y Fuerza. El nuevo ministro patrocinó en 1988 una nueva ley sindical, la 23.551, aprobada con la unanimidad de los representantes de todos los partidos políticos y dirigentes sindicales. Sólo la Unión Industrial Argentina (UIA) cuestionó ante la OIT la promulgación de esta ley por considerarla de efectos negativos para el desarrollo nacional.
Consideraciones finales.
Esta fue la primera gran derrota política de la gestión presidencial de Alfonsín, la que sumada a la equivocada administración económica- financiera, hizo que el presidente tuviera que entregar 6 meses antes su gobierno a un peronista, el doctor Carlos Saúl Menem.
FIN DEL BOLETÍN N° 107.
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