Boletín de fecha 27 de JULIO de 2007
Temas desarrollados
La estrategia .
Los decretos 157/83 y 158/83.
La intención práctica de esta teoría.
La estrategia .
La estrategia del equipo de ideólogos y abogados de Alfonsín, estuvo basada sobre la premisa fundamental de no reconocer que en la Argentina había habido una “guerra no convencional,” conocida internacionalmente en la época como “guerra revolucionaria”.
Debemos explicar que este tipo de conflicto tenía tres actores principales: “las organizaciones armadas revolucionarias”, “las instituciones del Estado que las combatían” y “la población general que habitaba el territorio y que constituía el blanco de las primeras”, ya que para ellos, ganar la población era ganar la batalla a las fuerzas regulares que se le oponían. Este último actor (la población) era en definitiva, quien iba a inclinar la balanza a favor de una de las partes contendientes.
Así ocurrió en otras partes del mundo y así sucedió en la Argentina, donde la masa de la población y sus instituciones apoyaron la lucha antiterrorista, colaborando con denuncias e información con las fuerzas legales a pesar del esfuerzo de las organizaciones terroristas para convencerla de lo contrario por medio de la crítica al sistema de gobierno imperante (persuasión), el uso de la violencia extrema (terrorismo) y la acción sicológica emergente, con el objeto de lograr el apoyo a sus fines y el crecimiento de su poder de combate, para lograr ganar la guerra en la que estaban empeñados.
A fines del gobierno militar, Alfonsín había expresado en varias oportunidades que la ciudadanía había sido agredida por dos terrorismos: por un lado , las organizaciones terroristas y por el otro, grupos descontrolados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Estas manifestaciones tardías y oportunistas ( en 1978 había suscripto una declaración de apoyo al accionar antisubversivo del “Proceso de Reorganización Nacional – PRN . Ver Boletín Nro ) pusieron de manifiesto una actitud que no era casual ni ingenua. Alfonsín formaba parte de una clase política a la que deseaba exonerar de sus graves responsabilidades, pese a que pocos años antes había cometido enormes desatinos, cuyo resultado había potenciado a las facciones terroristas y sumido al país en virtual estado de cuasi anarquía.
Entre los actos más significativos se computaban la amnistía dictada por el Congreso Nacional el 26 se mayo de 1973, convalidando la liberación anticipada de 2000 terroristas sentenciados o en proceso, como así también de la Disolución de la Cámara Federal en lo Penal y la abolición de la legislación antisubversiva, medidas éstas que dejaron al Estado inerme para actuar legalmente contra el terrorismo organizado.
Posteriormente cuando la Junta Militar, antes de entregar el gobierno definió públicamente que todo lo actuado en la lucha contra el terrorismo – aún por las fuerzas de seguridad y policiales- era un acto del servicio, el sentido inicial de su discurso cambió, englobando como segundos participantes no a aquellos “grupos descontrolados de las FFAA y SS” sino a la totalidad de esas instituciones.
Temas desarrollados
La estrategia .
Los decretos 157/83 y 158/83.
La intención práctica de esta teoría.
La estrategia .
La estrategia del equipo de ideólogos y abogados de Alfonsín, estuvo basada sobre la premisa fundamental de no reconocer que en la Argentina había habido una “guerra no convencional,” conocida internacionalmente en la época como “guerra revolucionaria”.
Debemos explicar que este tipo de conflicto tenía tres actores principales: “las organizaciones armadas revolucionarias”, “las instituciones del Estado que las combatían” y “la población general que habitaba el territorio y que constituía el blanco de las primeras”, ya que para ellos, ganar la población era ganar la batalla a las fuerzas regulares que se le oponían. Este último actor (la población) era en definitiva, quien iba a inclinar la balanza a favor de una de las partes contendientes.
Así ocurrió en otras partes del mundo y así sucedió en la Argentina, donde la masa de la población y sus instituciones apoyaron la lucha antiterrorista, colaborando con denuncias e información con las fuerzas legales a pesar del esfuerzo de las organizaciones terroristas para convencerla de lo contrario por medio de la crítica al sistema de gobierno imperante (persuasión), el uso de la violencia extrema (terrorismo) y la acción sicológica emergente, con el objeto de lograr el apoyo a sus fines y el crecimiento de su poder de combate, para lograr ganar la guerra en la que estaban empeñados.
A fines del gobierno militar, Alfonsín había expresado en varias oportunidades que la ciudadanía había sido agredida por dos terrorismos: por un lado , las organizaciones terroristas y por el otro, grupos descontrolados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Estas manifestaciones tardías y oportunistas ( en 1978 había suscripto una declaración de apoyo al accionar antisubversivo del “Proceso de Reorganización Nacional – PRN . Ver Boletín Nro ) pusieron de manifiesto una actitud que no era casual ni ingenua. Alfonsín formaba parte de una clase política a la que deseaba exonerar de sus graves responsabilidades, pese a que pocos años antes había cometido enormes desatinos, cuyo resultado había potenciado a las facciones terroristas y sumido al país en virtual estado de cuasi anarquía.
Entre los actos más significativos se computaban la amnistía dictada por el Congreso Nacional el 26 se mayo de 1973, convalidando la liberación anticipada de 2000 terroristas sentenciados o en proceso, como así también de la Disolución de la Cámara Federal en lo Penal y la abolición de la legislación antisubversiva, medidas éstas que dejaron al Estado inerme para actuar legalmente contra el terrorismo organizado.
Posteriormente cuando la Junta Militar, antes de entregar el gobierno definió públicamente que todo lo actuado en la lucha contra el terrorismo – aún por las fuerzas de seguridad y policiales- era un acto del servicio, el sentido inicial de su discurso cambió, englobando como segundos participantes no a aquellos “grupos descontrolados de las FFAA y SS” sino a la totalidad de esas instituciones.
Los decretos 157/83 y 158/83.
Los decretos 157/83 y 158/83 cristalizaron esa aviesa intención. Particularmente el segundo de ellos, que enjuiciaba a las tres primeras Juntas militares por la conducción de la “guerra contra el terrorismo y que establecía como punto de partida de ese análisis el 24 de marzo de 1976. De tal forma se excluía arbitrariamente la responsabilidad que le cupo en esa contienda a los tres gobiernos constitucionales anteriores, a pesar de las gravísimas violaciones cometidas y consentidas por el Dr. Cámpora, de la creación de la organización criminal “Alianza Anticomunista Argentina – AAA” por parte de Juan Domingo Perón y también, aunque con otro sentido, la decisión de la presidenta María Estela Martínez de Perón “ de aniquilar” la subversión mediante el empleo de las Fuerzas Armadas, en razón de que las organizaciones terroristas habían sobrepasado las capacidades de las fuerzas de seguridad.
Esos gobiernos constitucionales tenían en su haber los 500 asesinados por la organización conducida por López Rega y alrededor de 900 desaparecidos.( Ver Boletín )
Esta visión política fue bautizada por la izquierda como “la Teoría de los dos demonios”, la que fue difundida como tal por los medios de comunicación y apoyada por los dirigentes civiles de los distintos ámbitos del quehacer nacional, en razón que con ella se colocaban como espectadores de la guerra fratricida y fuera de toda responsabilidad.
De esta forma los argentinos podían imaginarse víctimas de la agresión de “dos bandos” empecinados en matarse entre sí, por motivos ajenos al sentir de la sociedad. Falacia inadmisible, pues se trataba de equiparar al órgano institucional (FFAA) designado por el Poder Ejecutivo y avalado por los restantes Poderes del Estado para defender a la sociedad, precisamente de ese “demonio” que agredió y asoló a la Nación y a sus instituciones: las organizaciones terroristas.
El mentor en la práctica de esta teoría tuvo no sólo la reprobación de las FFAA y de Seguridad, sino también la crítica de los ex miembros de la organizaciones terroristas subversivas. Al respecto transcribimos algunos párrafos del libro escrito por Cirilo Perdía dirigente de la “Conducción Nacional de montoneros”: “ La Otra Historia. Testimonio de un jefe montonero” :
(…) “en lugar de la verdad y la justicia , se colocó el código Penal, quedando reducidos al plano jurídico más de 25 años de historia”… “Más aún, la metodología aplicada (el proceso penal) y la teoría que la sustentó (Teoría de los dos demonios) contribuyeron a ocultar la historia y obturar sus enseñanzas. Tal vez ese haya sido su objetivo.”.
“No se podía con esa teoría y de esa forma, explicar los recurrentes golpes de estado. Ni siquiera el del 24 de marzo de 1976 fue considerado antijurídico, tan es así que en el juicio que luego se les hiciera, las Juntas Militares no fueron acusadas por el delito de sedición ni de usurpación de los poderes del estado.”
“En cambio, el Código Penal, sí les permitió al radicalismo y a muchos otros, colocarse por fuera de las responsabilidades históricas. Dejaron solamente a la guerrilla y a las Fuerzas Armadas en el lugar de la barbarie. Ellos se reservaron el podio de la civilización y la democracia…”
… “Volviendo a la visión de la “Teoría de los dos demonios” cabe describirla como históricamente falaz, institucionalmente hipócrita y éticamente insostenible”...
“Atribuir lo ocurrido a “bandas mesiánicas” por un lado y a sectores militares psicópatas que se complacen en la ejecución de delitos aberrantes, por el otro, no explica lo principal : el enfrentamiento ancestral entre proyectos diferentes de país, es más, lo niega” ( lo resaltado es nuestro)
También nos interesa transcribir declaraciones de Alicia Pierini ex militante montonera y Secretaria de Derechos Humanos en el primer gobierno de Menem, expuestas en el libro de la periodista Viviana Gorbato : “Montoneros, los soldados de Menen. ¿Soldados de Duhalde?”
(…) “Cuando asumí ya había sido dictado el indulto. Con ese tema siempre tuve una idea original si se quiere: siempre cuestioné toda la política del alfonsinismo; cuestioné que se viera enmarcado dentro del ámbito penal lo que había sido una lucha política, con crímenes de guerra. Cuando se hace el juicio a las juntas en el 85 yo cuestioné que ésto jurídicamente no tendría destino, que sería un hecho político con formato jurídico. Porque en derecho penal hay autores, coautores, cómplices, encubridores. Si seguíamos aplicando el derecho, acá no quedaba nadie en pie o por lo menos medio país iba que tener que sentarse en el banquillo de los acusados. La verdad es más importante que el castigo. Es más importante el hecho político que el jurídico.
Por último, una transcripción del libro “Memorias de Enrique Gorriarán Merlo. De los 70 a la Tablada” Ed Sudamericana.
(…)Recuerdo que en el 84 Jaime Lusinchi había ganado las elecciones en Venezuela y a su asunción viajaron funcionarios nicaragüenses. … y allí en Caracas, en una reunión con gente de la cancillería argentina, se interesaron por el decreto en contra nuestro y, en particular, por mi caso. La respuesta obtenida de los funcionarios argentinos fue que el gobierno no pretendía perseguirnos, sino que con ese decreto (157/83) lo que buscaban era justificar el juicio a las Juntas, dando la idea de que se perseguía todos por igual. También les dijeron que me pidieran que no hiciéramos acciones armadas”
(lo resaltado es nuestro)
La intención práctica de esta teoría, era marcar dos momentos en su aplicación, con los que lograrían impunidad para dos de los tres actores de los que hablamos al comienzo y una sola condena : a las FFAA y de Seguridad. Veamos los momentos:
1ro. Al tomar como fecha del comienzo de los asesinatos y desapariciones el 24 de marzo de 1976, se exculpó a todos los dirigente políticos de su responsabilidad sobre toda la historia anterior, incluyendo asesinatos y desapariciones.
2do. La Justicia argentina, impulsada por el poder político, violando preceptos constitucionales y normas esenciales del Derecho, ha establecido que los “crímenes” cometidos por las FFAA tienen carácter “imprescriptible”, lo que posibilita una persecución interminable a miembros de las fuerzas legales de cualquier jerarquía, su sometimiento a juicios sin términos y detención por tiempo indeterminado. Contrariamente, los crímenes de los terroristas son considerados ”delitos comunes” y, en función al tiempo transcurrido, ha operado su prescripción y no hay posibilidad de acción legal contra ellos.
Esta perversa interpretación de la justicia permite que a la fecha exista un único grupo de perseguidos por la guerra contra el terrorismo: los que recibieron la orden de aniquilarlos.
Por otro lado, las organizaciones terroristas no tenían bienes físicos reconocidos, ni estructuras legales, ni sus miembros tenían “legajos” (como los miembros de las fuerzas legales) para conocer sus cargos ni acciones, ni sus lugares de acción delictual. Sus crímenes fueron asumidos por el conjunto de cada organización y hoy , que están disueltas, no reconocen ninguna acción como personal y por lo contrario, están tratando de convertirse en “civiles inocentes” con el ocultamiento y modificación de las pruebas de esos crímenes. Su presencia como “demonio” está diluída o desaparecida.
Este engendro malicioso conocido como la “Teoría de los dos demonios” demuestra en forma palmaria una vez más la habilidad de nuestra clase política para borrar los errores propios y eludir las responsabilidades básicas inherentes a sus cargos, para descargarlas en un “chivo expiatorio” propicio.
Como otras tantos mitos y mentiras oficiales repetidas hasta el cansancio, (un ejemplo de los tantos que tenemos es el caso de los “desaparecidos”. En todo listado escrito oficial, incluyendo los de las ONG de derechos humanos publicados en internet, la cantidad “seriamente” no llega a 6.000 y todos : funcionarios, periodistas, políticos, artistas, locutores, etc, hablan de 30.000 y los que escuchan, callan…o lo que es peor, asienten.) esta teoría mendaz ha sido incorporada al imaginario colectivo como “verdad revelada” por los medios de comunicación social.
Sin embargo, basta hojear superficialmente los documentos oficiales o material gráfico y visual de aquella época ( inclusive la misma literatura de origen terrorista) para comprobar que el cúmulo de delitos y gravísimos errores de nuestra dirigencia, abonaron el camino hacia la guerra revolucionaria.
Todos aquellos que sientan pasión por la verdad podrán comprobar documentalmente cómo los partidos políticos, sin distinción, no sólo convalidaron el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, sino que fueron sus reales impulsores, como así también que brindaron su consenso categórico para que las FFAA fueran empleadas para el aniquilamiento del terrorismo subversivo.
FIN DEL BOLETÍN Nro105.-
Esos gobiernos constitucionales tenían en su haber los 500 asesinados por la organización conducida por López Rega y alrededor de 900 desaparecidos.( Ver Boletín )
Esta visión política fue bautizada por la izquierda como “la Teoría de los dos demonios”, la que fue difundida como tal por los medios de comunicación y apoyada por los dirigentes civiles de los distintos ámbitos del quehacer nacional, en razón que con ella se colocaban como espectadores de la guerra fratricida y fuera de toda responsabilidad.
De esta forma los argentinos podían imaginarse víctimas de la agresión de “dos bandos” empecinados en matarse entre sí, por motivos ajenos al sentir de la sociedad. Falacia inadmisible, pues se trataba de equiparar al órgano institucional (FFAA) designado por el Poder Ejecutivo y avalado por los restantes Poderes del Estado para defender a la sociedad, precisamente de ese “demonio” que agredió y asoló a la Nación y a sus instituciones: las organizaciones terroristas.
El mentor en la práctica de esta teoría tuvo no sólo la reprobación de las FFAA y de Seguridad, sino también la crítica de los ex miembros de la organizaciones terroristas subversivas. Al respecto transcribimos algunos párrafos del libro escrito por Cirilo Perdía dirigente de la “Conducción Nacional de montoneros”: “ La Otra Historia. Testimonio de un jefe montonero” :
(…) “en lugar de la verdad y la justicia , se colocó el código Penal, quedando reducidos al plano jurídico más de 25 años de historia”… “Más aún, la metodología aplicada (el proceso penal) y la teoría que la sustentó (Teoría de los dos demonios) contribuyeron a ocultar la historia y obturar sus enseñanzas. Tal vez ese haya sido su objetivo.”.
“No se podía con esa teoría y de esa forma, explicar los recurrentes golpes de estado. Ni siquiera el del 24 de marzo de 1976 fue considerado antijurídico, tan es así que en el juicio que luego se les hiciera, las Juntas Militares no fueron acusadas por el delito de sedición ni de usurpación de los poderes del estado.”
“En cambio, el Código Penal, sí les permitió al radicalismo y a muchos otros, colocarse por fuera de las responsabilidades históricas. Dejaron solamente a la guerrilla y a las Fuerzas Armadas en el lugar de la barbarie. Ellos se reservaron el podio de la civilización y la democracia…”
… “Volviendo a la visión de la “Teoría de los dos demonios” cabe describirla como históricamente falaz, institucionalmente hipócrita y éticamente insostenible”...
“Atribuir lo ocurrido a “bandas mesiánicas” por un lado y a sectores militares psicópatas que se complacen en la ejecución de delitos aberrantes, por el otro, no explica lo principal : el enfrentamiento ancestral entre proyectos diferentes de país, es más, lo niega” ( lo resaltado es nuestro)
También nos interesa transcribir declaraciones de Alicia Pierini ex militante montonera y Secretaria de Derechos Humanos en el primer gobierno de Menem, expuestas en el libro de la periodista Viviana Gorbato : “Montoneros, los soldados de Menen. ¿Soldados de Duhalde?”
(…) “Cuando asumí ya había sido dictado el indulto. Con ese tema siempre tuve una idea original si se quiere: siempre cuestioné toda la política del alfonsinismo; cuestioné que se viera enmarcado dentro del ámbito penal lo que había sido una lucha política, con crímenes de guerra. Cuando se hace el juicio a las juntas en el 85 yo cuestioné que ésto jurídicamente no tendría destino, que sería un hecho político con formato jurídico. Porque en derecho penal hay autores, coautores, cómplices, encubridores. Si seguíamos aplicando el derecho, acá no quedaba nadie en pie o por lo menos medio país iba que tener que sentarse en el banquillo de los acusados. La verdad es más importante que el castigo. Es más importante el hecho político que el jurídico.
Por último, una transcripción del libro “Memorias de Enrique Gorriarán Merlo. De los 70 a la Tablada” Ed Sudamericana.
(…)Recuerdo que en el 84 Jaime Lusinchi había ganado las elecciones en Venezuela y a su asunción viajaron funcionarios nicaragüenses. … y allí en Caracas, en una reunión con gente de la cancillería argentina, se interesaron por el decreto en contra nuestro y, en particular, por mi caso. La respuesta obtenida de los funcionarios argentinos fue que el gobierno no pretendía perseguirnos, sino que con ese decreto (157/83) lo que buscaban era justificar el juicio a las Juntas, dando la idea de que se perseguía todos por igual. También les dijeron que me pidieran que no hiciéramos acciones armadas”
(lo resaltado es nuestro)
La intención práctica de esta teoría, era marcar dos momentos en su aplicación, con los que lograrían impunidad para dos de los tres actores de los que hablamos al comienzo y una sola condena : a las FFAA y de Seguridad. Veamos los momentos:
1ro. Al tomar como fecha del comienzo de los asesinatos y desapariciones el 24 de marzo de 1976, se exculpó a todos los dirigente políticos de su responsabilidad sobre toda la historia anterior, incluyendo asesinatos y desapariciones.
2do. La Justicia argentina, impulsada por el poder político, violando preceptos constitucionales y normas esenciales del Derecho, ha establecido que los “crímenes” cometidos por las FFAA tienen carácter “imprescriptible”, lo que posibilita una persecución interminable a miembros de las fuerzas legales de cualquier jerarquía, su sometimiento a juicios sin términos y detención por tiempo indeterminado. Contrariamente, los crímenes de los terroristas son considerados ”delitos comunes” y, en función al tiempo transcurrido, ha operado su prescripción y no hay posibilidad de acción legal contra ellos.
Esta perversa interpretación de la justicia permite que a la fecha exista un único grupo de perseguidos por la guerra contra el terrorismo: los que recibieron la orden de aniquilarlos.
Por otro lado, las organizaciones terroristas no tenían bienes físicos reconocidos, ni estructuras legales, ni sus miembros tenían “legajos” (como los miembros de las fuerzas legales) para conocer sus cargos ni acciones, ni sus lugares de acción delictual. Sus crímenes fueron asumidos por el conjunto de cada organización y hoy , que están disueltas, no reconocen ninguna acción como personal y por lo contrario, están tratando de convertirse en “civiles inocentes” con el ocultamiento y modificación de las pruebas de esos crímenes. Su presencia como “demonio” está diluída o desaparecida.
Este engendro malicioso conocido como la “Teoría de los dos demonios” demuestra en forma palmaria una vez más la habilidad de nuestra clase política para borrar los errores propios y eludir las responsabilidades básicas inherentes a sus cargos, para descargarlas en un “chivo expiatorio” propicio.
Como otras tantos mitos y mentiras oficiales repetidas hasta el cansancio, (un ejemplo de los tantos que tenemos es el caso de los “desaparecidos”. En todo listado escrito oficial, incluyendo los de las ONG de derechos humanos publicados en internet, la cantidad “seriamente” no llega a 6.000 y todos : funcionarios, periodistas, políticos, artistas, locutores, etc, hablan de 30.000 y los que escuchan, callan…o lo que es peor, asienten.) esta teoría mendaz ha sido incorporada al imaginario colectivo como “verdad revelada” por los medios de comunicación social.
Sin embargo, basta hojear superficialmente los documentos oficiales o material gráfico y visual de aquella época ( inclusive la misma literatura de origen terrorista) para comprobar que el cúmulo de delitos y gravísimos errores de nuestra dirigencia, abonaron el camino hacia la guerra revolucionaria.
Todos aquellos que sientan pasión por la verdad podrán comprobar documentalmente cómo los partidos políticos, sin distinción, no sólo convalidaron el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, sino que fueron sus reales impulsores, como así también que brindaron su consenso categórico para que las FFAA fueran empleadas para el aniquilamiento del terrorismo subversivo.
FIN DEL BOLETÍN Nro105.-
1 comentario:
bien dicho ,Montoneros y el ERP ponian bombas a diestra y siniestra,tomaban cuarteles y secuestraban gente y desde que asumio Kirchner de eso no se habla en TV,libros ,revistas o diarios,cuanta hipocresia y en los pocas revistas que los nombran como la apologetica Accion o el diario Pagina 12 no los llaman combatientes ni guerrilleros sino militantes,realmente vergonzoso
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